Río Cauto, Granma.–Arraigada como tradición y sustento económico, la producción de arroz en esta zona del Valle del Cauto, al noreste de la provincia, suele ofrecer un verdadero espectáculo a la vista cuando, en toda su franja, las grandes parcelas de la gramínea en germinación pintan de verde el paisaje.

Es el empeño de quienes aquí se les ha curtido la piel en el surco, lidiando con todo tipo de contratiempos, para no dejar de aportarle al país ese grano, devenido componente esencial en el plato de la familia cubana.

«Un campo así de lindo casi siempre es augurio de buena cosecha», aseguran varios de los productores de la región donde se concentra uno de los grandes polos arroceros granmenses, junto al existente en el municipio de Yara, aunque la actividad también se desarrolla en menores extensiones en Bayamo, Manzanillo, Media Luna, Campechuela y Bartolomé Masó.

No obstante, se sabe que para obtener altos rendimientos no basta con una siembra eficiente, ni con la sabiduría campesina que a veces «salva el juego» en otras plantaciones.

Sacarle el máximo a este exigente cereal requiere de grandes volúmenes de agua, disponibilidad de maquinaria agrícola, servicios de aviación para fumigar y de la aplicación en tiempo de los herbicidas y fertilizantes, además de otros insumos. Un asunto que ha puesto sobre la mesa inquietudes, criterios y cálculos a punta de lápiz, tras el impacto que han tenido en este sector de la agricultura los nuevos precios asociados a la implementación de la Tarea Ordenamiento en el país.

TARIFAS, CUENTAS Y CRITERIOS

«La cuenta todavía no da», sueltan a boca de jarro varios de los arroceros en Granma –provincia mayor productora del cereal en Cuba– cuando este diario indagó sobre los ajustes realizados a las nuevas tarifas asociadas al costo de producción del grano.

«El precio de venta del arroz no llegó a crecer más de dos veces, mientras que los servicios y los productos se han multiplicado por tres, cuatro, seis y hasta diez, y al hacer el análisis de lo que serán los ingresos en relación con los gastos en los que estamos incurriendo, las ganancias serán ínfimas y hasta generan pérdidas en algunos casos», apunta Manuel Rivero Simón, presidente de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Fernando Echenique, de la Empresa Agroindustrial de Granos José Manuel Capote Sosa.

«Creemos que la solución no es subirle el precio de compra al quintal de arroz –que ahora es de 268 pesos–, sino bajarle el costo a los insumos y a los servicios», añade Humberto Tamayo Palomino, desde la experiencia que le han dado las más de dos décadas dedicadas al cultivo de la gramínea.

«Solo el servicio del agua –ejemplifica– creció más de cuatro veces, y se cobra desde que sale de la presa, no por lo que realmente recibes en el campo, algo que también encarece el costo de producción para el campesino, quien demanda un mayor volumen del líquido debido a la cantidad que se pierde en el camino, por el deterioro de los canales».

«La tarifa de la aviación también debiera reconsiderarse», dice Osvaldo Soto del Valle, otro de los asociados a la CCS Fernando Echenique, quien comenta preocupado el hecho de que varias cooperativas, a pesar de la reducción a este servicio, hayan decidido

realizar las labores de fumigación de forma manual. «Eso va en detrimento de la eficiencia en la producción», agrega.

«Una buena cosecha de arroz no depende solo del empeño. Con solo dejar de aplicar la urea, aunque uses otros bioproductos, ya el cultivo va en detrimento de su rendimiento, es decir, que para ser rentables hay que tener disciplina tecnológica, y cada proceso significa gastos», advierte la productora Margarita Silva Valera.

A pesar de estas preocupaciones, que no son las únicas, ni atañen solamente a los arroceros granmenses, según se constató en las reuniones efectuadas en todas las provincias del país para evaluar la marcha de la Tarea Ordenamiento y su impacto en la agricultura, la voluntad patente en el territorio es la de seguir sembrando arroz.

«El pasado año 2020 fue bien duro por la falta de urea, pero no nos podíamos quedar sentados en la casa y, aunque sabíamos que los rendimientos serían bajos, no dejamos de producir, como tampoco lo haremos ahora», refiere Manuel Rivero, en cuya cooperativa quedaron sembradas, al cierre de la campaña de frío que culminó en febrero, unas 760 hectáreas de las 500 comprometidas.

«Nosotros estamos conscientes de la necesidad de la Tarea Ordenamiento, y nadie quiere dejar de producir, porque también son los frijoles de nuestras familias, pero creo que se debe seguir revisando este tema, para lograr una mejor compensación entre los gastos y los precios de venta», recalca.

Al referirse recientemente a dichas inquietudes, Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, explicó que, aunque la actualización de costos a partir de insumos importados tiene incrementos importantes, no se descartará la pertinencia de revisar cada uno de los criterios expuestos y buscar un equilibrio.

Por su parte, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, respaldó que «no queremos que nadie produzca para perder».

EL OTRO EXTREMO DE LA CADENA PRODUCTIVA

El arroz, a diferencia de otros cultivos agrícolas, luego de la cosecha requiere de un procesamiento industrial donde tienen lugar el secado del grano y su posterior pase al molino para ser descascarado y clasificado; un eslabón de la cadena productiva del cereal que también ha sido impactado con los nuevos precios.

«Si no se estimula al productor, se corre el riesgo de que se desvíe parte de la cosecha hacia el mercado informal», alerta Edisnel González Valdés, director de la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique, entidad mayor productora de arroz en el país.

El directivo destaca cómo el incremento en el pago a los arroceros, desde el año 2015, había permitido mantener estable la contratación del grano con el mercado estatal. «Los insumos no eran baratos, pero cuando los productores sacaban sus cuentas, siempre les generaban dividendos, incluidos parceleros con arroz no contratado que acudían a nosotros», puntualiza.

Basta con recordar que el pasado año 2020, cuando el déficit de urea en el país puso en aprietos la producción del grano, la Fernando Echenique, tras reajustar sus planes, pudo honrar su encargo estatal, y los productores con rendimientos que no superaron las tres toneladas por hectárea no tuvieron pérdidas.

Sin embargo, es más compleja la situación que enfrenta la empresa en este calendario, la cual solo logró concretar poco más de 4 000 hectáreas de las 9 500 pactadas para la recién concluida campaña de frío, debido a la falta de fertilizantes (como la urea, cuya entrada paulatina inició en el mes de enero) y otros contratiempos con la maquinaria agrícola.

Un panorama más alentador muestra su homóloga, la también granmense José Manuel Capote Sosa, empresa que cultivó más de 2 500 hectáreas, por encima del 80 % del plan de la campaña de frío, aun cuando su director, Idel Marrero Martínez, considera que los nuevos gastos en el proceso industrial, incluido el precio del combustible y la electricidad, podrían generar pérdidas a la entidad.

«Hoy, si el productor se afecta disminuye su entrega, y la empresa también se perjudica en su rentabilidad al bajar los volúmenes del arroz que van a la canasta básica del pueblo, que es, en definitiva, lo más importante de nuestro objeto social», precisa.

Todos estos elementos han motivado un análisis profundo y alentador entre la dirección del país y quienes cultivan la tierra, mucho más cuando las cifras indican que de las 700 000 toneladas de arroz que necesita Cuba anualmente para cubrir la demanda nacional de este cereal, en estos momentos solo se produce el 22 %. El resto debe importarse.

Es por ello que no podemos «darnos el lujo» de tener campos potencialmente productivos, con aportes nulos o muy bajos yermos; ni cederle terreno a un mercado ilegal que, en ausencia del arroz liberado, pretende poner por las nubes un grano indispensable en la mesa del cubano.

Tomado: Periódico Granma